AYUNTAMIENTOS SIN RECURSOS,
PUEBLOS SIN TRABAJO

MANIFIESTO POR UN MUNICIPALISMO SOLIDARIO PARA QUE LA CRISIS NO LA PAGUEN LOS TRABAJADORES

Desde hace más de 30 años los ayuntamientos del Estado español han venido reclamando una solución justa en materia de financiación, solución que lejos de acercarse se ha ido demorando de un modo inexplicable en el tiempo.

Desde el inicio de la democracia en nuestro país todas las fuerzas políticas han incluido entre sus ejes programáticos y compromisos electorales, mejorar la financiación municipal, y siempre la FAMP ha planteado como prioridad resolver el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos.

No solamente han sido los ayuntamientos, sino también el Parlamento de Andalucía y las Cortes Generales, cámaras de representación de la soberanía popular, quienes en reiteradísimas ocasiones han aprobado a lo largo de los años numerosas mociones, proposiciones, etc. instando al gobierno de turno a que resolviera el problema de financiación deficitaria de los Ayuntamientos de nuestro país.

Mas aún: todos los Presidentes de los Gobiernos Central y Andaluz, en las reuniones mantenidas con los representantes de los Ayuntamientos se han comprometido a abordar sin demora el marco competencial y de financiación de los ayuntamientos.

Durante 30 años se ha reconocido lo justo de la reivindicación municipal, se han adoptado decisiones institucionales que se han incumplido de un modo flagrante por los gobiernos del PP y del PSOE a nivel estatal. Hoy la participación de los ayuntamientos en el gasto público estatal es inferior al existente al comienzo de la democracia.

Lejos de avanzar en la mejora de la financiación, en estos años, se han producido decisiones y hechos que han ido agravando la situación hasta límites insostenibles. Los ayuntamientos, ante la dejadez de otras administraciones, han ido asumiendo competencias impropias que se están financiando con recursos municipales cuando deberían ser financiadas por otras administraciones. Si a ello unimos una financiación insuficiente e injusta, un modelo desigual, confuso y parcial y la creciente demanda social de servicios, podemos concluir que se ha llegado a una situación realmente límite.

Así lo entendió la última Asamblea de la FAMP, que centró buena parte de su debate y de sus resoluciones en la necesidad de abordar sin mas demora este reto exigiendo al gobierno de la nación y también a los gobiernos autonómicos que asumieran sus responsabilidades.

Los ayuntamientos de los pueblos y de las ciudades han sido auténtico motor de cambio en nuestro país en los últimos 30 años. Pueden y deben jugar un papel clave para conseguir la igualdad de oportunidades de los ciudadanos y para incrementar la cohesión social. Pueden y deben ser la institución que con mayor rapidez y eficacia den respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Pueden y deben ser espacios de convivencia e integración y son, sin ninguna duda, el primer lugar al que acuden los ciudadanos buscando solución a sus problemas, unas veces de competencia municipal y la mayoría de veces de competencia de otras administraciones.

Desde IULV-CA hemos trabajado, en el marco de la FAMP y a través de nuestra representación en las instituciones del Estado y de las comunidades autónomas, para que esta situación mejore, para que se aborde este tema con urgencia. Lo hemos hecho con lealtad, pero dejando claro que en esta materia no caben ya soluciones a medias. Ya no caben demoras, demagogias, ni disculpas.

Cuando el debate se encontraba en esta fase nos hemos visto sorprendidos por las propuestas del Ministro de Economía y Hacienda, Sr. Solbes, que ha incluido entre las propuestas del Proyecto de Presupuestos para el año 2009 una REBAJA de los recursos que destinados a los Ayuntamientos. Es la primera vez en los años de democracia que la asignación municipal en el marco del Presupuesto General del Estado podría reducirse. Si no fuera tan grave, parecería un sarcasmo.

Se hace esta propuesta por parte del Gobierno en el marco de un debate sobre la crisis y la supuesta necesidad de austeridad en las cuentas publicas. Austeridad, por cierto, que sólo se prevé para la administración municipal, que está sufriendo de un modo considerable la reducción de sus recursos como consecuencia de la crisis económica y el parón de la construcción.

Todos sabemos que en épocas de crisis es imprescindible que existan recursos suficientes para paliar las necesidades de las clases populares que son victimas del paro, las hipotecas, el aumento de los precios en productos básicos etc. Todos sabemos que esos ciudadanos al primer lugar al que acuden con su angustia y sus necesidades es a los Ayuntamientos.

Por ello reducir la aportación estatal a los ayuntamientos es sin duda reducir el gasto social que podría ayudar a que no paguen la crisis en solitario, una vez mas, los de siempre.

Por todo ello y ante la gravedad de una situación verdaderamente desesperada e insostenible, los Alcaldes y cargos públicos de IULV-CA iniciamos desde el día de hoy una serie de movilizaciones que mantendremos en el tiempo con carácter indefinido en base a las siguientes reivindicaciones con el objetivo de que los Ayuntamientos andaluces puedan contribuir a que sus vecinos puedan hacer frente a situaciones de crisis como la que sufrimos:

1. Exigimos una partida inmediata en los Presupuesto Generales del Estado del 2009 no inferior a 2.000 M €, que se complementará con otra partida de 1.500 M € de los Presupuestos Generales de la Junta para paliar la deuda de los Ayuntamientos andaluces.

2. Planteamos una vez más una financiación basada en tres partes iguales: 33% de los recursos económicos para la Administración central; el 33% para las autonomías y el restante 33% para los Ayuntamientos.
3. La financiación local se hará con criterios objetivos, justos y no finalistas, para que los Ayuntamientos tengan autonomía para decidir su política de inversiones.
4. Exigimos un fondo adicional para paliar la crisis económica y la caída de la construcción que garantice al menos dos meses de trabajo para las personas desempleadas del medio rural.
5. Reivindicamos la cuantificación y el pago de la deuda que históricamente tienen contraída los gobiernos central y autonómico con los Ayuntamientos.
6. Reivindicamos que la Junta de Andalucía promueva leyes y normas para dotar de suelo público a los Ayuntamientos con el objetivo de construir viviendas y otras obras municipales.
7. Exigimos la creación de un Instituto de Crédito Andaluz que financie a los Ayuntamientos y a los autónomos, las pymes y la economía social.
8. Demandamos la modificación de la normativa reguladora del IVA para eliminar o reducir al mínimo el que han de pagar los Ayuntamientos, al no tener ánimo de lucro ni poder desgravar lo pagado.
9. Exigimos la eliminación de recargo en el pago de las cuotas de la Seguridad Social para todos los Ayuntamientos.
10. Exigimos que se compense a los Ayuntamientos por parte del Estado lo dejado de recaudar por la supresión del Impuesto de Actividades Económicas.
11. Reivindicamos ayudas para la financiación de las empresas públicas municipales.
12. Creación de un impuesto municipal a las operadoras de telefonía móvil cuya cuantía sea al menos del 2% de la facturación total.
13. Creación de una tasa a las compañías eléctricas equivalente al gasto municipal en electricidad en los servicios esenciales.
14. La Participación de los Ingresos del Estado (PIE) y la futura Participación en los Ingresos de la Junta se liquidará puntualmente y los Ayuntamientos podrán pedir su adelanto sin intereses.
15. Exigimos que las obras del PFEA se financien al 100% por parte del Estado.
16. Reclamamos para los Ayuntamientos la gestión del parque de viviendas públicas y suelo en manos de la Junta de Andalucía.
17. Exigimos la participación de los Ayuntamientos en el Consejo Económico de Política Fiscal y Financiera junto con las Comunidades Autónomas.
18. Exigimos una nueva ley de régimen local, según lo establecido en el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía.
19. Desaparición de las Diputaciones y que sus competencias, con la financiación correspondiente, sean traspasadas a los Ayuntamientos y/o Comarcas.
20. Demandamos el diálogo necesario con las administraciones de la Junta de Andalucía y del Gobierno Central para abordar las anteriores reivindicaciones y demandas.

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